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21 nov 2017

El proceso judicial de Puigdemont en Bélgica durará hasta después de Navidad

 

El procedimiento de entrega tarda normalmente unos 90 días pero el plazo es flexible.

La portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymeersch el 17 de noviembre. 
La portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymeersch el 17 de noviembre. EFE
El proceso judicial en Bélgica para la entrega a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros hará que estos políticos previsiblemente permanezcan en aquel país más allá de las navidades. 
El próximo 4 de diciembre, el juez de primera instancia belga que deberá decidir sobre la extradición de los cinco para su ingreso en prisión en España, como solicitó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, los ha vuelto a citar para que sus defensas realicen las alegaciones.

El fiscal belga, que vehicula los intereses de la justicia española en esta causa, pidió al magistrado que acceda a la entrega de los cinco políticos.
 Tras escuchar a las defensas, el juez de la Cámara del Consejo no adoptará una decisión de manera inmediata y se espera que la resolución inicial sobre la entrega se pueda demorar unos 10 días, con lo que esta se conocería en plena campaña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
En caso de que el juez de la Cámara del Consejo belga conceda en primera instancia la extradición de Puigdemont y los exconsellers, se abre un periodo de recursos ante instancias superiores que podría dilatar todo el procedimiento. 
Hay al menos dos posibilidades de recurso: la primera sería ante el llamado Tribunal de Instrucción de Bruselas, que volvería a analizar los hechos sobre los que se sustenta la entrega.
 Si este tribunal reitera la decisión de entregar a España a los políticos, se podría acudir a la Corte de Casación, que revisa los fundamentos jurídicos de la decisión.
 En condiciones normales, el procedimiento de entrega se agota en 90 días. 
Sin embargo, la fiscalía belga tiene claro que el caso de Puigdemont y los exconsejeros Meritxell Serret, Lluís Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí es especial y los plazos podrían dilatarse hasta el mes de enero e incluso más allá, según fuentes jurídicas.
 Ya en el escrito por el que el fiscal belga pedía a la juez Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas, ese organismo hablaba de “la calidad de los implicados” y “el contexto de los hechos”.
 

 

 

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